Un Llamado Profético-denunciando los falsos positivos

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por Daniel Moya en diálogo con Fabián Wilches- asistente programa de documentación Justapaz

El trabajo conjunto entre Justapaz y la Comisión de Restauración, Vida y Paz (CRVP) de Cedecol, llevó a la elaboración de un programa de documentación para la incidencia política. Esto en respuesta al papel que Justapaz quería cumplir frente a la realidad del conflicto armado, dando a conocer la situación en Colombia y cómo las iglesias evangélicas colombianas han vivido su sufrimiento y su esperanza, para ser compartidas a nivel nacional e internacional. Es también un llamado a ser la voz de las víctimas frente a los actores del conflicto y la posición oficial del gobierno que no concuerda muchas veces con la realidad, al decir que no hay conflicto armado, que el paramilitarismo se acabó, que las fuerzas militares no matan a gente inocente, entre otras. El documento, Un Llamado Profético: las iglesias colombianas documentan su sufrimiento y su esperanza, es un instrumento para transformar la realidad, al denunciar las atrocidades del conflicto y al anunciar las buenas nuevas de esperanza desde la construcción comunitaria basada en las enseñanzas del evangelio de Jesucristo.

Entre los temas más controversiales está el caso de los llamados falsos positivos. Los falsos positivos son acciones que se atribuyen a la guerrilla pero que se cometen por parte de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Un ejemplo de estas acciones son las ejecuciones extrajudiciales, estas son el asesinato, con el antecedente de una detención arbitraria o la desaparición forzada, de campesinos y jóvenes de bajos recursos por parte del Ejército, y los hacen ver como guerrilleros abatidos en combate. Es un tema reciente, pero no es una novedad, solo que hasta ahora está saliendo a la luz con mayor fuerza. Según el informe para el Examen Periódico Universal de las Plataformas de Derechos Humanos, se ha calculado un aumento del 67,71% en el último quinquenio en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a las Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de “seguridad democrática” promovida por el Gobierno actual desde su posesión en el 2002. También se han encontrado nexos de militares con el paramilitarismo, además de cierta dinámica que se presenta cuando los delitos de los paramilitares han bajado y los de la fuerza pública han aumentado y viceversa.

La directiva ministerial 029 de 2005, con el objetivo de reglamentar el pago de incentivos a las Fuerzas Militares por acciones contra el terrorismo, ha tenido consecuencias horrorosas en Colombia. Tras la expedición de la directiva 029, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que se pasó de 73 denuncias en 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007. Esta medida ha incentivado a que los militares hagan ejecuciones extrajudiciales para ganar beneficios como ascensos o dinero, criminalizando así la Fuerza Pública. Es una situación muy crítica, como lo explica Fabián Wilches, al denunciar que “los que nos deben proteger están actuando en contra de la población civil”. Las consecuencias de esta política han sido bastante graves, considerando el incremento de desapariciones, especialmente de jóvenes, que se observa en todo el territorio colombiano.

Hasta el 2007, Justapaz y CRVP han documentado 1.456 casos de violaciones por parte de la policía y las Fuerzas Armadas a las iglesias evangélicas y sus miembros, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras violaciones ejercidas por las fuerzas de seguridad pública, superando así las violaciones por parte de grupos paramilitares que llegaron a 700, y aún más alejado al número de violaciones por parte de la guerrilla, que fueron 210 casos documentados. Cifras como estas muestran claramente la amplia participación del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos, así este diga lo contrario.

A mediados del mes de junio de este año, el relator especial de la ONU, Philip Alston, visitó Colombia, por invitación del gobierno colombiano, para tratar el tema de ejecuciones extrajudiciales. El relator dijo que los falsos positivos no pueden considerarse una política de estado, pero reconoció que tampoco es una cuestión aislada, porque son acciones sistemáticas. El relator solicitó que se eliminaran los incentivos, puesto que esta política de recompensas del gobierno a los militares en la lucha contra grupos insurgentes incentivan el asesinato de civiles. “La expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de lucro," dijo así el profesor Alston.

Otra de las observaciones del relator, es la necesidad de cambiar la forma en que se administra la justicia, pues se maneja la justicia penal militar y la justicia ordinaria de formas diferentes. Se hace un llamado a que los casos de ejecuciones extrajudiciales pasen a la justicia ordinaria, ya que las víctimas del Estado, tanto de guerrillas como de paramilitares deberían ser iguales, con los mismos derechos. El gobierno insiste en que se traten estos casos de forma diferente.

La labor de Justapaz y la CRVP ha sido visibilizar aspectos del conflicto, como el de ejecuciones extrajudiciales, temas que son ocultos y maquillados por el Estado colombiano para mostrar al mundo la “efectividad” en cuanto a las políticas y acciones antiterroristas. Pero el llamado profético de las iglesias colombianas cumple su función de ser los ojos y la voz de las víctimas que muchas veces son silenciadas e ignoradas. El programa de documentación junto con los demás programas en Justapaz, incide socialmente al acercarse a las comunidades y las víctimas, acompañándolas en su proceso de restauración y transformación tanto individual como colectivamente. También actúa en incidencia política, pues al mostrar la cuestión de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional puede lograr que los gobiernos tomen acciones concretas en decisiones que afectan positiva y directamente a la población. Es evidente el interés de muchas iglesias en trabajar en la construcción de la paz, así como diferentes organizaciones y ciertos niveles políticos que luchan por traer justicia a las víctimas, en este sentido, la documentación de estos casos ayudan a “mostrar la otra cara de la moneda” de un conflicto que tiende a ser simplificado y retocado, haciendo un aporte significativo para la consecución de la paz.

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